Peligro en el voto

Peligro en el voto

por L. Indra Lusero y Lynn M. Paltrow

Imaginemos una ley que establece que con el embarazo la mujer pierde el derecho a la integridad del cuerpo, la vida y la libertad. ¿Parece descabellado? Lamentablemente, la respuesta es “no, de ninguna manera”. De hecho, en Colorado existe un proyecto de ley con tal fin llamado “Enmienda sobre la vida humana” para la Constitución del Estado. La enmienda, bajo el número 48 en la papeleta de votación de noviembre, declara que el término persona incluye a “todo ser humano desde el momento de la concepción” y daría al feto “derechos inalienables, igualdad ante la justicia y el debido proceso legal”.

De acuerdo a Kristi Burton, vocera de la campaña a favor de esta enmienda, la campaña se trata de “el poder de la verdad”. La verdad es, sin embargo, que esta enmienda tendrá consecuencias nefastas para las mujeres embarazadas y será peligrosa para la salud materna y fetal.

La ley constitucional garantiza que las personas, incluidas las embarazadas, tiene derecho a tomar las decisiones sobre el cuidado de su propia salud. Sin embargo, algunos casos de Colorado y del país ponen de manifiesto que si se reconoce al feto como persona legal, las embarazadas probablemente pierdan sus derechos protegidos por la Constitución. Esto se debe a que leyes como la “Enmienda sobre la vida humana” permiten al Estado intervenir en la vida de las embarazadas de modos que son peligrosos para las mujeres y sus hijos.

Por ejemplo, en la década de 1980 una mujer de Colorado fue obligada a someterse a una cesárea porque se adujeron motivos de derechos del feto. Basándose en controles fetales, que a todas luces carecían de precisión, los médicos llegaron a la conclusión de que el feto estaba sufriendo y recomendaron la cesárea. La mujer se negó. Si bien un psiquiatra examinó a la embarazada y concluyó que era capaz de tomar decisiones médicas, los abogados del hospital recurrieron a la justicia y obtuvieron una orden judicial que la obligaba a realizarse el tratamiento. En una audiencia realizada con la embarazada en cama, un juez del Juzgado Juvenil de Denver declaró que el feto era un ser dependiente y víctima de negligencia y ordenó que se realizara la cesárea. El recién nacido no se encontraba en la situación extrema que el monitoreo fetal había manifestado y no resultó evidente que esta cirugía mayor haya sido necesaria.

En Washington, DC, los médicos recurrieron a la justicia y obtuvieron una orden del juez para obligar a Ayesha Madyun a someterse a una cesárea manifestando que el feto tenía 50 por ciento de probabilidades de infección si no se asistía el parto con medios quirúrgicos. La corte sostuvo: “Todo lo que se interponía entre el feto de Madyun y su existencia independiente, apartado de su madre, dicho sencillamente, era el bisturí de un médico.”. De esta manera, el juez dictó la orden y el bisturí cortó a la Sra. Madyun penetrando en los tejidos, los músculos de la pared abdominal y el útero. Cuando se realizó el procedimiento, no se encontraron evidencias de infección.

Angela Carder, de veintisiete años y con un embarazo de 25 semanas, enfermó gravemente. Ella, su familia y los médicos que la atendían acordaron el tratamiento diseñado para mantenerla con vida el mayor tiempo posible. No obstante, el hospital convocó a una audiencia de emergencia y, alegando los derechos del feto, ordenaron la cesárea, a pesar de que podía acabar con la vida de la Sra. Carder. Se realizó la cirugía, el bebé prematuro vivió sólo dos horas y la Sra. Carder murió dos días después, siendo la cesárea uno de los factores causantes del deceso.

En cada uno de estos casos, la intervención del Estado se basó en el fundamento de que los fetos tenían derechos legales separados, exactamente los que la Enmienda desea introducir en Colorado. En ninguno de estos casos las intervenciones forzadas o las privaciones de la libertad protegieron realmente a las madres o a los bebés.

Muchas mujeres, incluidas las que se oponen al aborto, creen que no deben perder su derecho a tomar decisiones médicas sobre ellas y sus hijos porque están embarazadas o en trabajo de parto. Si se aprueba la enmienda, los juzgados juveniles de Colorado tendrán competencia cada vez que los médicos o los familiares no estén de acuerdo con las decisiones médicas de la embarazada. Como lo ponen de manifiesto los casos analizados, el derecho de las mujeres a su integridad corporal, al debido proceso legal y a la vida misma desaparecerá frente a los alegatos de la existencia de la persona en el feto.

Oponerse al reconocimiento de la personería jurídica del feto como objeto de la Constitución del Estado no es negar el valor de la vida potencial como objeto de creencia religiosa, convicción emocional o experiencia personal. Por el contrario, significa reconocer que modificar la Constitución del Estado para incluir a seres humanos desde el momento de la concepción es excluir a las mujeres desde el momento en que quedan embarazadas.

L. Indra Lusero es candidata a obtener su Doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Denver y Lynn M. Paltrow es Doctora en Jurisprudencia y directora ejecutiva de Pregnancy Justice (Defensores Nacionales de Mujeres Embarazadas).

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